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7 years ago
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<p itemprop="description">Los pueblos indígenas reclaman por derechos que permanecen
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incumplidos, por eso es más eficiente canalizar la protesta que reprimirla</p>
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<section id="cuerpo" itemprop="articleBody">
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<p>Abdullah Ocalan, el líder independentista kurdo, desembarcó en Italia en noviembre de
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1998 y pidió asilo político. Arrastraba un pedido de captura de Turquía, donde era acusado por
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terrorismo. El ex comunista Massimo D'Alema, recién asumido, dudaba. Acoger a Ocalan implicaba comprarse
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un problema con un aliado de la OTAN e importar un conflicto ajeno, pero deportarlo lo exponía a la pena
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de muerte, legal en Turquía pero inadmisible en la Unión Europea. Optó por la estrecha avenida del
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medio: se ignoró el mandato de captura al tiempo que se negó el asilo, presionando a Ocalan para que se
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fuera por las suyas. Tras una carambola a tres bandas, fue capturado por agentes turcos en Kenia, donde
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se encontraba bajo la protección del embajador griego, mientras intentaba abordar un avión hacia
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Holanda. Desde febrero de 1999 permanece en una cárcel de máxima seguridad en la isla turca de
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Imrali.</p>
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<p>Uno de los autores de esta columna vivía en Italia en esa época y siguió la crisis de cerca; el otro la
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estudió en profundidad, años más tarde. Pero no hacía falta: cualquiera puede encontrar esta información
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a un clic de distancia. Eso fue lo que no hizo un periodista de un diario argentino, que no es la
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nacion. La semana pasada se publicaron extractos de un "informe de carácter secreto" que mencionaba
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supuestos contactos internacionales de organizaciones mapuches. Entre ellos aparecía Ocalan, a quien el
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informe ubicó "con domicilios en Palermo y en el centro porteño", y aseguraba incluso que había sido
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visto "en Neuquén, Río Negro y Chubut durante el juicio a Jones Huala".</p>
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<span title="Ampliar imagen"></span>
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<figcaption id="epigrafe2585177">Foto: LA NACION</figcaption>
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<p>Esta falsa noticia fue la más rocambolesca de una larga cadena. Dos hechos quedaron en evidencia:
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primero, que hay periodistas que no chequean la información; segundo, que los servicios de inteligencia
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los utilizan para manipular la agenda pública. Y sobre los servicios hay dos posibilidades: o son burros
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o son perversos. Las opciones no son excluyentes, aunque cualquiera alcanza para tornarlos indignos de
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confianza. Sin embargo, de ellos proviene la información que alimenta a muchos medios de comunicación y,
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aún más grave, al Estado argentino.</p>
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<p>El reguero de noticias falsas y vínculos brumosos tiene, paradójicamente, un objetivo prístino: asociar
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la acción de los grupos mapuches con el terrorismo internacional. Comunicadores, analistas y escritores
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alineados con el discurso oficial llegaron a relacionar las ideas de las organizaciones patagónicas con
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las de Estado Islámico (ISIS) de Irak y Siria. El terrorismo carece de definiciones consensuales y ha
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sido utilizado para emparentar cosas bien diferentes. Aunque el líder mapuche más radicalizado (y menos
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representativo) declare que propician "un proceso de construcción de autonomía sin pedirle permiso al
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Estado", vincular a un grupo que reclama tierras en la región de sus ancestros con otro que busca
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gobernar el mundo según sus normas religiosas y ha masacrado a miles de personas requiere de una
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operación intelectual tan audaz como inadecuada.</p>
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<p>La asociación con el movimiento kurdo, en cambio, asoma menos inverosímil. Desde su arresto, Ocalan
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transformó su pensamiento: de una visión nacionalista con inspiración estalinista evolucionó al
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confederalismo democrático, una propuesta de organización comunal, ecologista, más apegada a las raíces
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locales que a las fronteras nacionales. Parece lógico que esas ideas resuenen en agrupamientos
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indígenas, que reivindican una organización anterior a la consolidación de los Estados sudamericanos.
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Los paralelos, sin embargo, terminan allí. En Chile, donde el conflicto ha tenido su desarrollo más
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dramático, la Sociedad de Fomento Agrícola denunció en 2014 que los insurrectos causaron daños por 10
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millones de dólares y la muerte de tres agricultores y un carabinero a lo largo de 15 años; en la
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Argentina, por ahora, se registran actos de vandalismo, ocupaciones de tierras y cortes de rutas
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aislados. En contraste, el conflicto entre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y la República
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de Turquía se cobró cerca de 40.000 vidas en los años 90 y lleva más de 2000 desde la reanudación de
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hostilidades en 2015.</p>
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<p>Consultada sobre esta desproporción, una fuente de los servicios nos la resumió así: "La estrategia de la
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Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), de Chile, y ahora de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), más que
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matar directamente, es realizar sabotajes, movilizaciones, ataques a iglesias y empresas y mucha
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prensa". ¡En Medio Oriente pagarían por un terrorismo así! Ningún hecho de violencia debe ser
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minimizado, pero las analogías no resisten prueba.</p>
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<p>La "cuestión mapuche" es social antes que policial. La Constitución manda "reconocer la preexistencia
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étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad?; reconocer
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la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
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tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano".
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Estos derechos permanecen incumplidos. Y no son un capricho chavista: los países que reputamos serios
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también los reconocen. En Estados Unidos, las reservaciones indígenas ocupan 80.000 kilómetros
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cuadrados, el 1,3% de la superficie del país (y 400 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires).
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En Canadá, unas 2300 reservas ocupan 28.000 kilómetros cuadrados. Australia otorga a los pueblos
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indígenas más de la mitad de los territorios del norte del país y son los nativos quienes negocian con
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las empresas mineras los permisos para que operen en sus tierras. En Nueva Zelanda existen tribunales
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especiales con jurisdicción sobre las tierras ancestrales de los maoríes; una de sus ventajas es que
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empoderan a los aborígenes individualmente, liberándolos del yugo de los caciques.</p>
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<p>La protesta social es indisociable de la democracia. Cuando desborda, recanalizarla es más eficiente que
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reprimirla: ahí reside el arte del acuerdo. En la Argentina la tarea es delicada porque pocos confían en
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la imparcialidad de las instituciones. Entonces, cada actor reivindica sus intereses con los medios de
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que dispone: los sindicatos hacen huelga, los estudiantes toman colegios, los empresarios cierran las
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fábricas y todos hacen piquetes. El politólogo Samuel Huntington definía una sociedad así como
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pretoriana y el jurista Carlos Nino llamó a la Argentina "un país al margen de la ley". Al movilizarse
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por sus derechos y desconfiar del Estado, la comunidad mapuche se demuestra bien argentina.</p>
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<p>Las cinco provincias patagónicas tienen una población similar a la de La Matanza. A diferencia de los
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Estados Unidos, que se integraron hacia el oeste otorgando parcelas de tierra a los colonizadores, y de
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Brasil, donde el rol de ocupación y desarrollo territorial fue cumplido por las fuerzas armadas, la
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Argentina obvió la tarea integradora tras consolidar su soberanía a finales del siglo XX. Hoy sobra
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tierra y falta gente. Gobernar sigue siendo poblar, pero también integrar.</p>
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<p>Seamos claros: ningún individuo u organización tiene derecho a violar la ley. Pero el problema histórico
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del Estado argentino no fue tanto quiénes lo desafiaron como quiénes lo gobernaron. Cambiemos.</p>
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<p><b><i>Andrés Malamud es politólogo e investigador en la Universidad de Lisboa. Martín Schapiro es abogado
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administrativista y analista internacional</i></b></p>
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